Durante veinte años ha estado involucrado en la protección de los derechos de los presos y las personas privadas de libertad, en particular al garantizar que las disposiciones de los Artículos 3, 5, 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos (prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, el derecho a la libertad, la prohibición de la detención y la detención arbitraria, juicio justo) y los protocolos adicionales en materia penal y la inmigración mediante la presentación de recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.
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